Los gobernadores peronistas impulsan un paquete de leyes de "transparencia" para terminar el año, con proyectos sobre corrupción, financiamiento de la política y regulación del lobby, similares a otros impulsados por Cambiemos y que no pasaron el filtro del Congreso.

La idea de los mandatarios, ejecutada por el histórico jefe del bloque justicialista Miguel Pichetto, es anticiparse a una campaña del Gobierno a la falta de republicanismo del PJ como parte del año electoral, similar a la que sufrió el rionegrino en manos de los trolls, cuando objetó la ley para expropiar bienes de corruptos.

En 2015 Mauricio Macri supo aprovechar episodios como el caótico escrutinio de Tucumán, que consagró a Juan Manzur pero victimizó para siempre al ahora diputado radical José Cano.

Fue sólo dos meses antes de la elección presidencial y sirvió para que la oposición de entonces recordara la resistencia que había tenido Cristina Kirchner a revisar el anticuado sistema de votación.

Los peronistas no quieren que Macri los acuse por falta de republicanismo en un año electoral. Por eso tienen su propia agenda de transparencia con versiones propias de leyes que ya envió el Gobierno 

Manzur, justamente, fue uno de los gobernadores que frenó en el Senado la reforma electoral impulsada por el Gobierno en 2016, que habilitaba a implementar el sistema de boleta única electrónica. Esa discusión ya no volverá, pero si otras que supieron incomodar a los gobernantes del PJ. 

El "paquete de transparencia" como ya lo denomina el rionegrino, incluye una ley de financiamiento de la política, otra de ética pública y una última de "gestión de intereses", actividad conocida como "lobby", que Macri intentó regular el año pasado con un proyecto que fue cajoneado en Diputados.

El de Pichetto y el catamarqueño Dalmacio Mera es mucho más duro: además de exigir la difusión de las audiencias con funcionarios, para reunirse con ellos habrá que inscribirse en un registro "público de gestores de intereses".

"Es un exceso, porque a nadie le gusta que le digan lobbysta por hablar con un funcionario", se sorprendían los legisladores de Cambiemos, que el miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales escucharon advertencias parecidas de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.

Pérez chocó con los gobernadores desde que asumió: no prosperó su reforma política, no logró convencerlos de crear un calendario electoral único para evitar que se paralice el Estado en años de comicios ejecutivos y aun no consigue que Diputados debata en comisión su proyecto para regular los aportes a las campañas electorales.

Lo redactó en febrero, previas audiencias con autoridades de todos los partidos políticos, pero recién lo presentó en julio, tras el escándalo por los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires.

El aspecto más polémico es la habilitación para que empresas financien hasta el 2% de una campaña electoral y ni bien el proyecto llegó a la Cámara baja, Máximo Kirchner presentó otro que además de prohibir la participación de empresas crea un fondo público para financiar la publicidad en internet de cada candidato.

Pichetto y Mera tienen el suyo, que su consigna de campaña, busca ir por el centro: permite financiamiento privado en las campañas pero con más controles.

El catamarqueño, además, presentó un proyecto de ley de ética pública que crea un organismo para absorber la Oficina Anticorrupción y jubilar a su presidenta, Laura Alonso.

Lo denomina Ente Nacional de Ética Pública y Lucha Contra la Corrupción, estaría a cargo de un secretario con acuerdo del Senado y recibiría bienes, personal y documentación de la OA, catalogada de imparcial en los fundamentos del proyecto.

"Es un organismo que ejerce importantes funciones de control y fiscalización, que abarca inclusive al Poder Ejecutivo Nacional, que es a su vez quien designa a su titular".

"Creemos que dotaría de mayor independencia a este organismo si su nombramiento dependiera de un procedimiento de selección previo, y no de la mera voluntad del Poder Ejecutivo", cuestiona Mera, que ya empezó la negociación con el oficialismo, todavía sin reacción.